La convocatoria la hizo el radical Fernando Rizzi. La idea es convocar a diversos representantes del Ejecutivo y otros estamentos.-
El concejal radical Fernando Rizzi presentó un proyecto para que se convoque a una jornada de trabajo en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante. La intención es analizar la problemática de las usurpaciones de inmuebles que se producen en el partido.
“Esto se ha convertido en una realidad crítica que merece nuestra atención”, aseguró el edil. De la convocatoria participarían las secretarías de Planeamiento Urbano, Desarrollo Social y Gobierno, la Procuración Municipal, el Banco de Tierras, la Dirección de Asuntos de la Comunidad, los delegados Municipales de Batán y de Sierra de los Padres y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata, entre otros.
“Cada vez son más los habitantes que, frente a una situación de necesidad, o a veces con el sólo fin delictivo y sin medir las consecuencias legales negativas que conlleva, optan por ingresar a viviendas ajenas por las vías de hecho”, comentó Rizzi.
El Departamento Ejecutivo, a través del director general del Banco de Tierras, admitió que en la ciudad hay más de 200 asentamientos irregulares y una lista de entre 12000 y 15000 familias que dependen de planes estatales para acceder a un techo digno.
“Por su parte, se encuentran aquellos inescrupulosos que a sabiendas de la necesidad del prójimo presentan soluciones que terminan siendo lisas y llanas estafas en las que, lamentablemente, el principal perjudicado termina siendo la propia víctima”, marcó el edil radical.
Para ello emplean boletos de compraventa con firmas apócrifas o falsos poderes de disposición de inmuebles, requiriendo como contraprestación pequeños adelantos y cuotas interminables con una promesa futura de escrituración que jamás podrá ser concretada.
“Hemos sido testigos de cómo también la falta de una política adecuada conlleva a que grupos organizados, canalizando las carencias propias o ajenas llegaron a tomar por asalto viviendas construidas dentro de programas de planes sociales que ya estaban asignadas a personas que habían sido adjudicatarias”, acotó.
El concejal comentó que, además, “cientos de lotes o viviendas son ocupados clandestinamente por usurpadores, generando no sólo la privación del ejercicio del derecho de propiedad por parte de sus titulares –a veces de dificultosa localización-, sino también una degradación urbano-ambiental, un desmejoramiento de sectores barriales y una interferencia en la tranquilidad y el normal desarrollo de la vida en los barrios de implantación”.
El concejal radical Fernando Rizzi presentó un proyecto para que se convoque a una jornada de trabajo en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante. La intención es analizar la problemática de las usurpaciones de inmuebles que se producen en el partido.
“Esto se ha convertido en una realidad crítica que merece nuestra atención”, aseguró el edil. De la convocatoria participarían las secretarías de Planeamiento Urbano, Desarrollo Social y Gobierno, la Procuración Municipal, el Banco de Tierras, la Dirección de Asuntos de la Comunidad, los delegados Municipales de Batán y de Sierra de los Padres y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata, entre otros.
“Cada vez son más los habitantes que, frente a una situación de necesidad, o a veces con el sólo fin delictivo y sin medir las consecuencias legales negativas que conlleva, optan por ingresar a viviendas ajenas por las vías de hecho”, comentó Rizzi.
El Departamento Ejecutivo, a través del director general del Banco de Tierras, admitió que en la ciudad hay más de 200 asentamientos irregulares y una lista de entre 12000 y 15000 familias que dependen de planes estatales para acceder a un techo digno.
“Por su parte, se encuentran aquellos inescrupulosos que a sabiendas de la necesidad del prójimo presentan soluciones que terminan siendo lisas y llanas estafas en las que, lamentablemente, el principal perjudicado termina siendo la propia víctima”, marcó el edil radical.
Para ello emplean boletos de compraventa con firmas apócrifas o falsos poderes de disposición de inmuebles, requiriendo como contraprestación pequeños adelantos y cuotas interminables con una promesa futura de escrituración que jamás podrá ser concretada.
“Hemos sido testigos de cómo también la falta de una política adecuada conlleva a que grupos organizados, canalizando las carencias propias o ajenas llegaron a tomar por asalto viviendas construidas dentro de programas de planes sociales que ya estaban asignadas a personas que habían sido adjudicatarias”, acotó.
El concejal comentó que, además, “cientos de lotes o viviendas son ocupados clandestinamente por usurpadores, generando no sólo la privación del ejercicio del derecho de propiedad por parte de sus titulares –a veces de dificultosa localización-, sino también una degradación urbano-ambiental, un desmejoramiento de sectores barriales y una interferencia en la tranquilidad y el normal desarrollo de la vida en los barrios de implantación”.
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